El problema de la criminalidad en México para decirlo con franqueza, es una bestia diferente al resto del mundo, y repetir esto no solamente es necesario sino obligatorio para que el mundo se entere de todo lo que sucede detrás de esa fachada de playas paradisiacas y hermosas catedrales coloniales.
Lo que hace a este problema algo especial y diferente al resto del mundo es la cantidad y el tamaño de los grupos criminales sino el nivel de violencia y crueldad que ellos generan, agréguese el contexto transnacional que lo alimenta y lo perpetua.
Mexico está situado junta una frontera de 3,000 km con una potencia industrial en declive consumidora de grandes cantidades de drogas y materias primas y productos terminados, además es el principal fabricante de armas en el mundo. A lo largo de cuando menos 50 años esta frontera se ha convertido en un corredor para el trafico de armas hacia el sur y de drogas hacia el norte. Por este corredor también circulan personas, productos y capitales hacia ambos lados de forma legal o ilegal.
A raíz el conflicto comercial entre China y EEUU México se convirtió en el segundo socio comercial del vecino del norte y esto conlleva a miles de implicaciones negativas y positivas.
La asimetría es abrumadora: mientras los grupos criminales se reinventan a diario, adaptando sus estrategias a la dinámica cambiante del mercado y a las respuestas del Estado, el Estado mexicano opera mediante estructuras burocráticas lentas y fragmentadas, a menudo incapaces de coordinarse. La brecha entre el crimen y el Estado no es nueva ni exclusiva de México, pero aquí ha alcanzado una escala devastadora. Con cada año que pasa, esa distancia se amplía, erosionando aún más la capacidad del Estado para imponer orden, generar confianza ciudadana y brindar seguridad. En este contexto, resulta fundamental debatir tanto las deficiencias como las oportunidades en el ámbito de la inteligencia criminal.
Durante décadas, el Estado mexicano ha carecido de un sistema sólido de análisis criminal: las bases de datos están dispersas, las fiscalías se comunican escasamente, si es que lo hacen, y la información se acumula sin transformarse en conocimiento estratégico. Esta deficiencia ha dejado al Estado prácticamente ciego ante la complejidad del fenómeno criminal. [1] Durante décadas, además, la información se obtenía por medios ilegítimos o abiertamente ilegales. [2] La tortura como herramienta de investigación no era la excepción, sino la regla: las fuerzas policiales y los fiscales convirtieron la coerción física y psicológica en el método predilecto para obtener confesiones y armar expedientes.
En lugar de generar inteligencia o análisis criminal, el sistema de justicia se acostumbró a fabricar culpabilidad a partir de testimonios obtenidos bajo coacción. Este patrón degradó la legitimidad institucional y obstaculiza obstaculizó el desarrollo de capacidades investigativas genuinas, reforzando un círculo vicioso de impunidad y violencia. De ese círculo, el Estado mexicano apenas comienza a emerger. Es aquí donde cobra relevancia la reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
